Aviso importante. Este artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. Bastión Desokupación no es un despacho de abogados: nuestro trabajo es el estudio del caso, la negociación con los ocupantes y el acompañamiento del propietario; la dirección letrada y la representación procesal corresponden siempre a abogado y procurador colegiados. Cada situación exige un análisis individualizado y la normativa puede cambiar: consulta con un profesional antes de tomar cualquier decisión. Contenido actualizado a 30 de julio de 2026.
Desde 2025 se habla constantemente de la nueva ley antiokupa, y buena parte de lo que circula es inexacto. Este artículo explica, con la norma en la mano, qué cambió de verdad, qué no cambió y qué puede esperar hoy un propietario al que le han ocupado una vivienda.
Respuesta directa: la llamada ley antiokupa es la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En vigor desde el 3 de abril de 2025, incorporó los delitos de allanamiento de morada y usurpación al catálogo del procedimiento de juicio rápido, aunque con un matiz importante que casi nadie explica y que desarrollamos más abajo. Es una reforma procesal: acelera el enjuiciamiento, pero no modifica las penas ni garantiza un desalojo automático.
Qué cambió exactamente con la LO 1/2025
La reforma modificó el artículo 795.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), añadiendo dos nuevas letras al listado de delitos que pueden tramitarse por el procedimiento de enjuiciamiento rápido:
- Letra i) — allanamiento de morada, del artículo 202 del Código Penal.
- Letra j) — usurpación, del artículo 245 del Código Penal.
Hasta entonces, estos delitos seguían el cauce ordinario, con tiempos de instrucción que se medían en meses. Cuando el caso entra efectivamente por el catálogo de juicios rápidos, el asunto puede instruirse durante el propio servicio de guardia del juzgado y, cuando ello no sea posible, la LECrim permite excepcionalmente practicar esas diligencias en las setenta y dos horas siguientes.
El matiz que casi nadie explica: la ocupación pacífica de un piso vacío
La LO 1/2025 incorporó al catálogo de juicios rápidos el allanamiento de morada (art. 202 CP) y la usurpación (art. 245 CP). Ahora bien, conviene conocer un matiz que rara vez se explica: la usurpación sin violencia del art. 245.2 CP está castigada con multa de tres a seis meses y, por aplicación del art. 13.4 del Código Penal, es un delito leve. La Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado, de 26 de junio de 2025, concluye que los delitos leves siguen tramitándose por el procedimiento para el juicio por delitos leves (arts. 962 y siguientes de la LECrim) y no por el juicio rápido.
En la práctica, por tanto, el enjuiciamiento rápido opera con claridad en el allanamiento de morada (art. 202 CP) y en la usurpación con violencia o intimidación (art. 245.1 CP), mientras que en la ocupación pacífica de un inmueble vacío la vía habitual sigue siendo el juicio por delito leve o, con frecuencia más eficaz, la vía civil.
Lo que la ley antiokupa NO cambió
No endureció las penas
Es probablemente el error más extendido. La LO 1/2025 es una norma de eficiencia procesal. Las penas del Código Penal siguen siendo las mismas:
- Usurpación sin violencia (art. 245.2 CP): multa de tres a seis meses, cuando se ocupa un inmueble ajeno que no constituye morada.
- Usurpación con violencia o intimidación (art. 245.1 CP): prisión de uno a dos años, además de las penas por las violencias ejercidas.
- Allanamiento de morada (art. 202.1 CP): prisión de seis meses a dos años.
- Allanamiento con violencia o intimidación (art. 202.2 CP): prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
No convirtió el juicio rápido en automático
Para que un caso entre por esta vía deben concurrir los requisitos del artículo 795 LECrim: que el procedimiento se incoe por atestado policial, que exista flagrancia o que la instrucción sea sencilla, y que el presunto autor esté identificado y detenido o pueda ser citado de inmediato. Si el ocupante no está identificado, si alega un contrato —aunque sea falso— o si la situación se ha prolongado, el caso probablemente saldrá del cauce rápido.
No eliminó la valoración de vulnerabilidad
La Ley 12/2023 obliga al juzgado a valorar si en el inmueble hay personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma el régimen extraordinario de suspensión de lanzamientos, prorrogado por el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, hasta el 31 de diciembre de 2026, que alcanza tanto a los juicios verbales de recuperación de la posesión como a los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual.
Ese régimen tiene límites que conviene conocer: no procede la suspensión cuando el inmueble es propiedad de una persona física y constituye su domicilio habitual o su segunda residencia debidamente acreditada, ni se aplica a arrendadores propietarios de dos o menos viviendas. Aun así, es un factor que ninguna empresa puede controlar ni prometer que no vaya a concurrir. Se trata de normativa de vigencia temporal, sujeta a prórrogas anuales: conviene comprobar su estado en el momento de actuar.
Si en el inmueble hay menores o personas en situación de vulnerabilidad, el procedimiento cambia. El juzgado debe dar traslado a los servicios sociales para que valoren la situación y, si se acredita vulnerabilidad y no hay alternativa habitacional, el lanzamiento puede suspenderse durante meses. No es un obstáculo que pueda «sortearse»: forma parte del procedimiento y cualquier intento de presionar a las personas que están dentro agrava la posición del propietario. En estos casos, la negociación de una salida acordada suele ser la vía más realista.
La vía civil sigue siendo clave: el desahucio exprés
Junto a la vía penal existe la civil, regulada en el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción de la Ley 5/2018, de 11 de junio. Permite pedir la recuperación inmediata de la posesión de una vivienda, incluso demandando a «ignorados ocupantes» cuando no se conoce su identidad.
Tiene un límite importante que conviene conocer antes de elegir estrategia: solo pueden usarla la persona física propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer el inmueble y las entidades públicas propietarias de vivienda social. Las sociedades mercantiles con ánimo de lucro quedan fuera de este cauce y deben acudir a otros procedimientos. Además, la acción debe ejercitarse dentro del año siguiente al despojo conforme al artículo 439.1 de la LEC. Superado ese plazo, esta vía sumaria puede quedar cerrada y habría que acudir a procedimientos declarativos más largos, por lo que no conviene apurar. Explicamos el detalle en nuestra página sobre el procedimiento de desahucio exprés.
Un dato a favor de esta vía: la LO 1/2025 exige, con carácter general, intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar, pero el procedimiento de recuperación de la posesión del artículo 250.1.4º de la LEC está exceptuado de ese requisito previo por su carácter urgente.
Qué debe hacer un propietario en 2026
- Actuar cuanto antes. La flagrancia se diluye con el tiempo y con ella la posibilidad de una intervención policial inmediata.
- Denunciar siempre dejando constancia por escrito y conservar copia del atestado. Sin atestado policial no hay juicio rápido.
- Reunir la documentación de titularidad: nota simple registral, escritura, últimos recibos de suministros y de IBI.
- No tomarse la justicia por su mano. Cortar la luz o el agua, cambiar la cerradura o entrar por la fuerza puede constituir un delito de coacciones y, además, debilita tu posición ante el juzgado. Ten en cuenta además que, si el inmueble se ha convertido en la morada de los ocupantes, entrar en él por tu cuenta puede constituir no solo coacciones, sino un delito de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal, del que serías tú el responsable. La entrada debe autorizarla la autoridad judicial o producirse en el marco de una intervención policial.
- Elegir la vía con criterio. Penal o civil no son intercambiables: dependen de si el inmueble es morada, de quién es el titular y de cuánto tiempo ha pasado.
- Asumir que los plazos los marca el juzgado. Ninguna empresa puede garantizar una fecha de desalojo.
En Bastión Desokupación acompañamos al propietario en todo el proceso: analizamos el caso, negociamos con los ocupantes en tu nombre para buscar una salida voluntaria y acordada, y nos coordinamos con el abogado que lleve el procedimiento cuando la vía judicial es necesaria, siempre a través de desokupación por la vía legal, sin violencia ni coacción. Si te encuentras en esta situación, cuéntanos tu caso y te daremos una estimación realista, no una promesa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente la ley antiokupa de 2026?
No existe una norma llamada oficialmente «ley antiokupa». Se conoce así a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 3 de abril de 2025. Su aportación en esta materia fue incluir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación (art. 245 CP) entre los que pueden tramitarse por juicio rápido, modificando el artículo 795.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿La ocupación de un piso vacío se juzga por juicio rápido?
No necesariamente. La ocupación pacífica de un inmueble que no constituye morada es el delito leve de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal. Conforme a la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado, los delitos leves se tramitan por el procedimiento del artículo 962 y siguientes de la LECrim, no por el juicio rápido. El enjuiciamiento rápido introducido por la LO 1/2025 se aplica con claridad al allanamiento de morada y a la usurpación cometida con violencia o intimidación.
¿La ley antiokupa aumentó las penas por ocupar una vivienda?
No. La LO 1/2025 es una reforma procesal, no penal: cambia cómo se enjuician estos delitos, no su castigo. Las penas siguen siendo las del Código Penal: multa de tres a seis meses para la usurpación sin violencia (art. 245.2 CP), prisión de uno a dos años si hay violencia o intimidación (art. 245.1 CP), y prisión de seis meses a dos años para el allanamiento de morada (art. 202.1 CP).
¿Es cierto que ahora se desaloja en 15 días?
No exactamente. El artículo 800.3 de la LECrim establece que, en el juicio rápido, el señalamiento del juicio oral se hará dentro de los quince días siguientes. Es un plazo para fijar la fecha de la vista, no para ejecutar el desalojo. Después vienen el juicio, la sentencia y su ejecución, cuyos tiempos dependen del juzgado y de las circunstancias del caso.
¿Puedo usar el desahucio exprés si la vivienda está a nombre de mi empresa?
No por esa vía. El artículo 250.1.4º de la LEC, en la redacción de la Ley 5/2018, reserva el procedimiento a personas físicas propietarias o poseedoras legítimas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer y entidades públicas titulares de vivienda social. Las sociedades mercantiles con ánimo de lucro quedan excluidas y deben acudir a otros cauces, como el juicio ordinario o la vía penal si concurre delito.
¿La ley antiokupa se aplica también a los inquilinos que dejan de pagar?
No. Un inquilino que entró con contrato y deja de pagar no comete usurpación ni allanamiento: se trata de un incumplimiento contractual que se resuelve por la vía civil, mediante juicio verbal de desahucio por falta de pago del artículo 250.1.1º de la LEC. Los juicios rápidos de la LO 1/2025 no son aplicables a estos casos.
Aviso importante. Este artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico. Bastión Desokupación no es un despacho de abogados: nuestro trabajo es el estudio del caso, la negociación con los ocupantes y el acompañamiento del propietario; la dirección letrada y la representación procesal corresponden siempre a abogado y procurador colegiados. Cada situación exige un análisis individualizado y la normativa puede cambiar: consulta con un profesional antes de tomar cualquier decisión. Contenido actualizado a 30 de julio de 2026.